Cesión de derechos de propiedad intelectual (TRLPI)

El TRLPI (RDLeg 1/1996) aplica a cualquier empresa cuya actividad genere obra protegida por propiedad intelectual: diseños, textos, fotografías, ilustraciones, audiovisuales, código o software, páginas web o bases de datos. La regla de titularidad cambia radicalmente según quién crea la obra: si la crea una persona asalariada en el marco de su relación laboral (arts. 51 y 97), si la crea un proveedor externo o freelance por encargo (art. 43) o si es un trabajo para una Administración pública (art. 308.1 LCSP). Por eso es habitual en agencias, estudios, empresas de software y cualquier negocio que externalice creatividad o desarrollo. Los derechos morales del autor (art. 14) son en todo caso irrenunciables e intransferibles.

Para la obra creada por una persona asalariada en virtud de su relación laboral, el art. 51.1 remite a lo pactado en el contrato, que debe constar por escrito; a falta de pacto escrito, se presume que los derechos de explotación se han cedido en exclusiva al empresario con el alcance necesario para el ejercicio de su actividad habitual (art. 51.2). En el caso específico de los programas de ordenador, el art. 97.4 es más contundente: cuando un trabajador asalariado crea un programa en el ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario, la titularidad de los derechos de explotación corresponde EXCLUSIVAMENTE al empresario, salvo pacto en contrario. Aun así, conviene una cláusula expresa en el contrato laboral que delimite el alcance y evite discusiones sobre la "actividad habitual".

Cuando la obra la crea un proveedor externo o freelance (no asalariado), NO opera la presunción de cesión del art. 51: el encargo y el pago no transfieren por sí solos la plena titularidad. Rige el art. 43, según el cual la cesión queda limitada a los derechos expresamente cedidos. Su apartado 2 fija el riesgo: si no se menciona el tiempo, la transmisión se limita a CINCO años; si no se menciona el ámbito territorial, al país donde se realiza la cesión; y si no se expresan las modalidades de explotación, la cesión se limita a la que se deduzca necesariamente del contrato y sea indispensable para su finalidad. La cesión debe formalizarse por escrito (art. 45). Es el error más frecuente y caro: pagar a un freelance por un logo, una web o un código sin un contrato de cesión deja a la empresa con una licencia limitada, no con la propiedad.

En los contratos con el sector público, el art. 308.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) prevé que, salvo que se oponga a la naturaleza del contrato, los derechos de propiedad intelectual de los trabajos desarrollados como consecuencia del contrato se ceden a la Administración contratante. La empresa adjudicataria debe tener esto en cuenta porque condiciona su capacidad de reutilizar el trabajo para otros clientes y porque debe asegurarse, a su vez, de que ostenta los derechos que cede (por ejemplo, si subcontrata o usa obra de terceros). Conviene alinear las cláusulas de cesión con los subcontratistas y freelance para no ceder a la Administración más de lo que se ha adquirido.

Un cuestionario adaptativo determina qué obligaciones de Cesión de PI aplican a cada cliente y detecta sus brechas. El resultado alimenta los documentos y el universo de controles.

• Marco de cesión de derechos de propiedad intelectual