Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010)

La ley se aplica a los sujetos obligados enumerados en su artículo 2, entre los que se incluyen las entidades financieras y, en lo que afecta directamente a las asesorías: los auditores de cuentas, los contables externos y los asesores fiscales; las personas que con carácter profesional presten servicios de constitución de sociedades, de administración o secretaría, o de domicilio social; los notarios y registradores; los abogados y procuradores cuando participen en operaciones financieras o inmobiliarias o gestionen fondos de clientes; y los agentes inmobiliarios. La condición de sujeto obligado conlleva aplicar todas las medidas de la ley con un enfoque basado en el riesgo.

Los sujetos obligados deben identificar formalmente a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio, con carácter previo, mediante documentos fehacientes. Deben identificar al titular real —la persona física que en último término posee o controla la entidad— y comprobar su identidad antes de iniciar la relación. Asimismo, deben recabar información sobre el propósito y la naturaleza de la relación de negocios y aplicar un seguimiento continuo. No se mantendrán relaciones con entidades cuya estructura de propiedad y control no haya podido determinarse.

Los sujetos obligados deben examinar con especial atención cualquier hecho u operación que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dejando constancia escrita del análisis. Cuando exista indicio o certeza de tal relación, deben comunicarlo por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), absteniéndose de ejecutar la operación cuando proceda y guardando el deber de confidencialidad (prohibición de revelación al cliente, «tipping off»). También existe la comunicación sistemática de determinadas operaciones.

Los sujetos obligados deben aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno, incluido un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Deben designar como representante ante el SEPBLAC a una persona que ejercerá de responsable del cumplimiento y, según el volumen de negocio, constituir un órgano de control interno. Determinados sujetos deben someter sus medidas a un examen externo anual por experto independiente. Las obligaciones se gradúan: los empresarios o profesionales individuales y los de menor tamaño tienen un régimen simplificado en algunos aspectos.

Un cuestionario adaptativo determina qué obligaciones de PBC · Ley 10/2010 aplican a cada cliente y detecta sus brechas. El resultado alimenta los documentos y el universo de controles.

• Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo